Franquicias / El contrato de franquicia

1. Características del contrato de franquicia:

1.- El Know-How debe ser transmitido al franquiciado.

Este Know-How deberá constar de una guía práctica para solucionar los problemas cotidianos. Además el franquiciador deberá instruir a través de cursos teórico - prácticos el funcionamiento de su negocio.

2.- El franquiciador deberá indicar las fuentes de suministro de los productos.

El franquiciado deberá saber en todo momento como y dónde encontrar los productos preestablecidos en el contrato.

3.- El franquiciador debe conceder la licencia de uso de la marca objeto de la franquicia. Del mismo modo, deberá traer los derechos de patente, propiedad industrial y intelectual.

La imagen (logotipo, decoración del local ...) proporciona al franquiciado un factor de atracción y reconocimiento del mercado.
4.- Deberá establecer los medios para determinar la cuantía de las prestaciones económicas.

Las cantidades variarán según el tipo de características de cada franquicia

5.- Deberá incluir un cuadro de exclusividades tanto de zona como de producto.

El franquiciador se comprometerá a no instalar en la zona asignada al franquiciado otro centro de la red, con el fin de garantizar la no competencia.

6.- Deberá establecer un sistema de control sobre la gestión del franquiciado.

El franquiciador actuará como guía y asesor en los inicios de la actividad, proporcionando los medios para que se haga un uso adecuado de los recursos utilizados.

2. Normativa aplicable a los acuerdos de franquicia.

La idea generalizada que las franquicias en España es una modalidad poco regulada, es absolutamente infundada, fruto de un desconocimiento que los profesionales del sector, y en concreto los profesionales de la consultoría, están dispuestos a desmentir y a demostrar.

Las normas de defensa de la competencia:

El origen legal de la franquicia está fundamentado en ell artículo 85 del Tratado de Roma, del 25 de mayo de 1957, en el cual se constituía la Comunitad Económica Europea y en el que se establece la prohibición, y consecuente nulidad, de aquellos acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas que puedan afectar el comercio entre estados miembros y tengan como objeto o efecto impedir, restringir o falsear la libre competencia.

Pero el mismo artículo, en el apartado 3, deja la puerta abierta a la excepción del mismo artículo y prohibición mencionada anteriormente. Se hace referencia a aquellos supuestos en los que las citadas prácticas contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, haciendo a los usuarios partícipes de los beneficios resultantes y siempre que no se impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean imprescindibles para llegar a sus objetivos.

Esta posibilidad se ha materializado, entre otras, en el reglamento 4.087/88 de la Comisión por el que se aplica una excepción a la prohibición del artículo 85 del Tratado de Roma a los acuerdos de franquicia.

Paralelamente la citada regulación comunitaria ha sido transcrita, de forma casi literal, en la normativa aplicable dentro del ámbito nacional. Tanto es así que el artículo 1 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o consentimiento paralelo, que tenga por objeto impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:

a) La fijación, de forma directa o indirecta de precios y de otras condiciones comerciales o de servicios.

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico y el de realizar inversiones.

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.

d) Las aplicaciones en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales que coloquen a unos competidores en situación de desventaja en relación a los otros.

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto de tales contratos.

El mismo artículo declara nulos los acuerdos, decisiones y recomendaciones que están prohibidos en virtud de lo expuesto anteriormente, no estén declarados por las excepciones previstas en la propia ley.

Resumiendo podemos globalizar las restricciones de la competencia permitidas en los acuerdos de Franquicia:

-Establecimiento de zonas de exclusividad.

-Fijación de especificaciones mínimas de calidad de los productos o servicios que sean objeto de franquicia.

-Aprovisionamiento exclusivo de productos en los que no se les pueda dar especificaciones mínimas de calidad.

-Prohibición de competencia.

-Recomendación de precios.

-Imposición de una gama de productos mínima, mantenimiento de existencias.

-Establecimiento de una facturación mínima.

-Establecimiento de un canon de publicidad.

Otra parte importante a la hora de regular una franquicia desde el punto de vista legal, aparte de la competencia, es la obligación del franquiciador al franquiciado de facilitarle la información necesaria para poder sopesar la decisión de formar parte de una empresa que no tiene el poder decisorio total para administrarla. Este marco de transparencia surgió en enero de 1996 con la ley 7/1996 de la Ordenación del Comercio Minorista.


En una red de franquicias se tienen que asumir unas responsabilidades que aseguren una colaboración entre las dos partes,. El franquiciador es el titular del Know-How (saber como) respecto a la fabricación, distribución, comercialización y prestación de productos y servicios; este es quien redacta el contrato de franquicia de su red.


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